A Germán Franco, en los 19 meses de cárcel, su mujer apenas lo ha podido visitar tres veces. Él es uno de los 91 habitantes del centro de reclusión de Envigado y ella vive en Cúcuta, de modo que no resulta tan fácil ni tan barato conseguir que ella venga seguido desde la frontera colombo-venezolana, más de 1.100 kilómetros, 40 horas y 200 mil pesos en el doble trayecto, sin contar los gastos de alimentación y alojamiento.

Fotos: Manuel Saldarriaga

“En los días de visita, además de hacer aseo, por lo que me rebajan tiempo de condena, paso en el patio hablando con los compañeros, tratando de distraerme. Esos días no avanzo en mis tejidos de bufandas; converso”.

Caso parecido es el de Eric Montes, un muchacho monteriano radicado en La Ceja desde hace unos ocho años, cuando vino a estudiar Tecnología de Sistemas. “El 28 de diciembre bajé a Medellín a comprar insumos electrónicos en un centro comercial y cuando subía en el bus, me cogieron en un retén policial en Las Palmas. Los agentes me dijeron: ‘hay una orden de captura en su contra, expedida en Montería, por alimentos’. ‘¿Alimentos de quién?’, les pregunté. Pero no sabían nada más. Una muchacha me denunció, cuando yo ni siquiera sabía que el hijo de ella era mío. Estoy a la espera de los resultados de los exámenes de ADN para verificar la paternidad. No tendría problema en responder. Lo que me preocupa es que mi novia, quien vive en La Ceja, está esperando un hijo mío con embarazo de alto riesgo”. Por tal motivo, excepto el 8 de enero, cuando ella se presentó a escucharle las explicaciones al costeño, no ha podido volver a visitarlo. “Por eso los domingos, cuando vienen las mujeres, son los días más torturantes para mí. Como no me visita nadie…”

Cárcel municipal

En el lugar de detención de Envigado, como en ninguno de los demás de carácter municipal, no hay sentenciados, salvo algunas contadas excepciones, como la de Germán, condenado por concusión, es decir, soborno, sucedido en Itagüí, y que él está tratando de desvirtuar con el ánimo de recobrar su libertad. Descontadas, pues, tales singularidades, solo hay personas indiciadas, en espera del fallo judicial que los declare inocentes o culpables, es decir, los deje libres o les dictamine la cantidad de tiempo durante el cual deben pagar con encierro y sombra por el delito que se les achaca. En ese momento, el del fallo, si se da el segundo caso, el interno espera su traslado a una prisión regida directamente por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Esa es una especie de “extradición” hacia un destino del cual el recluso es el último en enterarse.

“Si a los de la casa les da lidia venir a verlo a uno aquí –comenta Gerardo Agudelo Salazar, un reo que gasta sus días ensartado segundos en tapetes de lana o cinta y a quien tampoco visitan casi-, en el centro del Antioquia, ¿cómo sería que se lo llevaran a uno para un municipio lejano de Medellín o en otro departamento?”.

No hay disposición oficial de la tarifa de lo que una cárcel debe cobrar por tener internos de otros municipios. Héctor Londoño Restrepo, alcalde de Envigado, explica: “Un municipio debe tener cárcel para recluir a las personas detenidas, mientras son condenadas. Los que no tienen deben contratar con otro que tenga. No hay un precio fijo: depende de las condiciones locativas, de alimentación y demás servicios. En Envigado prestamos ese servicio por colegaje”.

Luego de la sentencia, “el Inpec los traslada al sitio en el cual disponga de cupo. No necesariamente en una localidad cercana a la casa”, indica Jorge William Betancur López, director de ese presidio situado a una cuadra del Parque Principal, junto al edificio de la Administración Municipal.

“He visto que los agentes del Inpec llegan lunes o jueves a las cuatro de la mañana –comenta Edison Ramírez, un bogotano detenido en el mismo lugar desde hace siete meses, quien empezó lavando los platos y ahora es un cocinero consumado: la mañana en que hablamos estaba preparando de almuerzo un consomé de pescado y lomitos de merluza, con lo cual tenía perfumado el establecimiento-. Y el guardián dice: ‘Fulanito de Tal: empaque, que nos vamos’. Y cuando el Fulanito sale, todavía no sabe para dónde va. A unos hasta se los han llevado para Istmina”.

Cuando a un ciudadano lo capturan, lo llevan a la prisión del municipio donde delinque o donde hicieron el operativo policial en el cual lo retuvieron. Por eso, a Eric no lo condujeron a Montería, donde supuestamente cometió el ilícito, ni a La Ceja donde vive, sino a Envigado, pues Las Palmas es un corregimiento de esta localidad. Él es uno de los 36 internos de esta prisión que se consideran “propios”. Los restantes 55 son 15 de Sabaneta y 40 de Itagüí. Personas que fueron aprehendidas en esas localidades o supuestamente cometieron un delito en ellas. No están en centros de reclusión de esos lugares, porque en ellos no hay –Itagüí tiene uno departamental, el de Yarumito, y otro nacional, el de Máxima Seguridad- y deben pagar por el sostenimiento de “sus” detenidos.

“La cárcel de Envigado recibe 1’300.000 pesos al mes por cada interno de Itagüí y 1’100.000 pesos por cada uno de los de Sabaneta”, revela Betancur López. Esto incluye alimentación, alojamiento, vigilancia, atención en salud y actividades de estudio o trabajo.

La municipal de Rionegro le presta el servicio de reclusión a El Carmen de Viboral. Según el Secretario de Gobierno del primero, Gabriel Jaime Duque Parra, de 74 internos que tienen actualmente, cinco son del pueblo de la loza. “El convenio está por 60 mil pesos diarios por cada interno”, es decir, 1’800.000 pesos mensuales. Esa cifra, como en Envigado, se pacta y paga por un año, y si los presos aumentan o disminuyen en ese lapso, ella no varía.

El caso de Jardín es diferente. Como también cerró su cárcel hace años, contrata el servicio con reclusorios del Suroeste. Primero era con el de Fredonia; ahora, con el de Andes. Este no es municipal, sino de circuito, administrado por el Inpec. Para 15 detenidos, “dispongo de 20 millones de pesos para todo el año”, comenta Johan Uribe, el secretario de Gobierno. El Inpec tiene presupuesto de la Nación, por eso, el dinero que recibe de los convenios complementa el sostenimiento del establecimiento.

Visitas por tranquilidad

Los internos rezan a la Virgen de Las Mercedes para que a la hora del traslado, este no quede tan lejos que la familia no pueda ir a verlos. “La visita es la moral del interno –dice el bogotano-. Toda la semana la pasamos pensando en ella”.

No obstante, si bien se lamentan por la lejanía de la casa, ninguno quiere irse de una cárcel municipal y menos de la de Envigado.

Es que jamás se puede equiparar una prisión local con una del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. A la primera la compara Betancur López con un hotel sencillo y a sí mismo, con el administrador del hotel.

Gerardo Agudelo Salazar, el de los tapetes, relaciona la cárcel donde está con un centro de rehabilitación. No hay hacinamiento, la comida es casera y buena, y el trato de los guardianes y del Director es más humano.

Como suele decirse, unas por otras. Difícil soportar eso de la soledad en los días de visita, pero la cotidianidad, es decir, la vida misma, presenta una tranquilidad de club. “No voy a decir que de vez en cuando uno u otro no tenga un sí o un no con alguien –reconoce él mismo-, pero eso pasa hasta entre los hermanos en una casa; nada grave”.