La responsabilidad de los comentarios de los lectores (2)

La reflexión de hoy es sobre algunas implicaciones legales del foro Las inquietudes del lector Manuel Tiberio Alzate obligan a profundizar un poco más sobre la responsabilidad que asumen los autores de los comentarios y, en general, de los juicios emitidos por los ciudadanos en ejercicio de la libertad de expresión.

Es un tema denso que tiene muchas aristas, una de ella es la jurídica. Las opiniones emitidas en el foro, en ejercicio de la libertad de expresión que pueden colisionar con otros derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, al ser consideradas injuriosas o calumniosas.

En este campo no cabrían los comentarios calificados como molestos, inútiles, agresivos o incluso soeces, si nos atenemos a quienes sostienen que la libertad de expresión también comprende la forma y tonalidad que se elija. El reglamento de los foros sí considera estos criterios a la hora de aplicar los filtros y la moderación. Cuando se trata de injurias y calumnias, dos tipos penales definidos por el código, la situación es distinta porque la persona ofendida puede denunciar esta conducta que atenta directamente contra la honra, la reputación y el buen nombre. También si los juicios violan el derecho a la intimidad.

La Corte Constitucional, según la ponencia 442-11 analiza algunas limitaciones (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-442-11.htm). Dice: “A pesar de la presunción de que toda forma de expresión esta cobijada por el derecho fundamental en estudio existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos. Entre estos se cuentan: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con estricta sujeción a las definiciones fijadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se sancionen formas de expresión legítimamente acreedoras de la protección constitucional”.

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